Los constructores, los diseñadores y los interventores de la represa de HidroItuango se enfrentan desde ayer en un proceso prejudicial por 9.9 billones de pesos para saber quién va a pagar por el retraso y las contingencias de la represa.
EPM tiene dos tareas pendientes al respecto, por un lado, debe llegar a un acuerdo con ellos antes de que se venza el tiempo para demandarlos y, por el otro, debe decidir si termina la represa con ellos o con nuevos contratistas.
