Las empresas que hacen parte del consorcio centros poblados a las que el Ministerio de Tecnologías de la Información les adjudicó un contrato por 1.000 millones de pesos para construir centros de internet, no podrán ejecutar otros contratos con alcaldías y gobernaciones, por cuenta de la caducidad que acaban de recibir.
La caducidad la decretó el Ministerio por incumplimiento de ese contrato y por la presunta falsedad de las pólizas con que respaldaron su responsabilidad.
