La decisión del presidente Duque de firmar la ley de presupuesto que contiene un mico para modificar las garantías electorales, encendió la polémica entre políticos y expertos constitucionalistas sobre si se trataba de un desafío a la justicia o si podía hacerlo.
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Mientras los aliados del gobierno sostienen que es excesiva la orden de una jueza de suspender temporalmente los efectos de esa modificación, los críticos insisten en que quien se excedió en confrontar a la rama judicial fue el mandatario.
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