Luego del fracaso de la aplicación CoronApp, el deber legal del Instituto Nacional de Salud era destruir los datos de once millones de ciudadanos que la suscribieron, pero no lo hizo, a pesar de que así se lo pidió la misma Agencia Nacional Digital.
En teoría los datos fueron transferidos a una nueva aplicación que hoy los usa a pesar de no tener la autorización de ninguno de sus usuarios. Como la Procuraduría no investiga, un grupo de usuarios presentó una tutela.
