Uno de cada cuatro votos de esta elección fue contado por jurados capacitados por la cooperativa de empleados y exempleados de la Registraduría. Directivos de ella que son trabajadores actualmente dicen que ver como irregular el contrato es “hilar muy delgado”.
La ley le prohíbe a los funcionarios públicos recibir dineros adicionales del Estado, pero ellos no lo ven ilegal porque lo hacen desde 2015. Además también son subcontratistas del principal contratista de la Registraduría, la empresa de seguridad Greg and Sons.
