Un chofer de bus y su esposa a quienes el comandante de Policía de Bogotá, les pagó 200 mil pesos en bonos para que lo acompañaran a una rueda de medios de comunicación diciendo que el grafitero asesinado por la espalda el día anterior era un delincuente, ya no podrán ser juzgados.
Como dicen en lenguaje judicial se vencieron los términos, gracias a las dilataciones de sus abogados y a la lentitud del proceso en su contra.
Sobre el Caso de Felipe Becerra, en Noticias Uno