Con presuntos audios de una conversación entre el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, y los directivos de las empresas estatales Sociedad de Activos Especiales y SAE SAS, fue denunciada la compra de activos en manos del estado a menos precio para su reventa como negocio.
Las diligencias están en manos de la cuestionada magistrada Cristina Lombana, pero documentadas con los presuntos audios de la conversación en un restaurante y soportes de algunas transacciones.
