La exfiscal encargada y exsecretaria de la JEP consiguió su inocencia en los estrados con base en la tesis de que el fiscal general de la Nación y sus asesores simplemente se inventaron cargos contra ella para atacar el proceso de paz, que les interesaba destruir a sus copartidarios y clientes.
Probado que ella no estaba delinquiendo ni que existían razones para creer que ella lo hiciera ahora resultan abusivas las órdenes que el fiscal Martínez y su asesor dieron para interceptar las comunicaciones de la directora de la JEP.
