La facultad presidencial otorgada en la ley de paz total y reglamentada en un decreto que ya firmó Petro, para nombrar gestores de paz a jóvenes manifestantes que hoy están presos, ha creado división de posiciones entre miembros de la Rama Judicial.
Aunque la medida anunciada por el gobierno es polémica, decisiones similares fueron tomadas en su momento por los expresidentes Uribe y Santos. Hoy, jueces y fiscales dividen sus opiniones.
