A pesar de que la Constitución le permite al presidente de la República conducir las políticas de regulación de precios de los servicios públicos, la decisión de Petro de hacerlo directamente ha despertado una fuerte polémica.
En el sector hay inquietud por la presunta injerencia presidencial sin el conocimiento técnico para fijar las tarifas, pero otros analistas piensan que esa facultad es potestativa del jefe de Estado.
