Los funcionarios públicos que la Procuraduría de Margarita Caballo removió para que la empresa pública de la ciudad en la que ha hecho política pudiera ser vendida, investigaban las inconsistencias en los informes que predecían la baja las acciones la Triple A, en contra de lo que hoy muestran sus balances.
Fueron dos firmas internacionales de auditoría que estuvieron de acuerdo en que el precio mínimo sería de medio billón de pesos, aunque la Superservicios estima que el valor real de la empresa es de dos billones.
