Activistas de una organización animalista infiltraron el trabajo de un centro de experimentación en monos y promovieron el allanamiento de su sede en la que encontraron a 108 micos drogados, infectados y viviendo en sus propios desechos.
El centro de primates, cuya licencia fue revocada por la Corporación Autónoma, no sólo recibía recursos públicos del presupuesto nacional, sino también del gobierno de Estados Unidos para sus experimentos.
