Este sábado, reunido con otros veinte presidentes de América Latina, Gustavo Petro volvió a la discusión sobre la cláusula de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dice que le impide a autoridades no judiciales remover a funcionarios electos.
La cláusula que permitió anular la ilegal inhabilitación que pretendió el exprocurador Ordóñez es la misma con base en la cual considera que la destitución del presidente peruano fue un golpe de estado.
