La Corte Constitucional tampoco resolvió el dilema sobre la capacidad sancionatoria de la Procuraduría sobre los funcionarios de elección popular, como lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ello el Consejo de Política Criminal está elaborando un proyecto de Ley.
La idea es establecer de una vez y por ley que, como lo dice el acuerdo internacional, sólo las autoridades judiciales pueden remover de sus cargos a los funcionarios electos y buscarle lugar a los empleados que tendrán que ser licenciados.
