Viendo la decisión que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó para librar al condenado Emilio Tapia y a sus asociados políticos de la obligación de devolver lo no ejecutado en su contrato en Centro Poblados, un exmagistrado ve sombras de corrupción sobre la justicia.
Es el exmagistrado Gustavo Gómez quien dice que es como si hubiera un fenómeno externo que condiciona esta decisión y asegura que este fue otro caso que la Fiscalía dejó de investigar y los jueces dejaron de juzgar.