Al día de hoy son 89 mil trabajadoras las que adquirieron el derecho a pensionarse con la sentencia constitucional, por tener 57 años y más de mil semanas cotizadas. Pero el impacto económico de la sentencia aún está por medirse.
El gobierno va a conformar una mesa técnica para hacer el cálculo y sobre ese cálculo tiene dos opciones iniciales, objetar la sentencia por insostenible o retrasar su aplicación hasta enero de 2026, que fue la fecha límite que la Corte le dio para aplicarlo.
