La asesora que en diciembre del año pasado hacía en enlace entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda implicó al ministro Bonilla en la aprobación de contratos en las regiones para comprar congresistas, pero según las pruebas que la Corte avaló a petición de Bonilla tales contratos no se ejecutaron y por ellos no se ha hecho ningún desembolso.
