En vez de procurar la habilitación de los consulados como puestos de votación como se ha hecho durante décadas en Venezuela y otros países, el gobierno y el registrador esperan que todos se muevan a los puestos que se habilitarán en la frontera.
El senador Sanguino espera que un juez le ordene al Registrador y el gobierno hacer los trámites necesarios, pues para un residente en Caracas, significaría entre diez y doce horas de transporte para ejercer su derecho.
