Apenas hace dos meses el Congreso aprobó la reforma constitucional para imponer cadena perpetua a los violadores de niños; en julio el presidente Duque la sancionó y empezando septiembre la Corte Constitucional la tumbó.
Los penalistas más conocidos del país habían advertido desde el principio que esa propuesta violaba la constitución, pero ni el gobierno ni el Congreso atendieron las razones jurídicas y prefirieron lo que algunos llaman el populismo punitivo.
