Mientras en las cárceles del país se consolidan los focos de la pandemia, la Unidad de contratación del INPEC, contrata abogados por 570 millones de pesos, entre ellos una exfuncionaria sancionada de la Costa y la hija del exprocurador Alejandro Ordóñez.
La directora de la USPEC sostiene que dos de ellos se liquidaron anticipadamente por no ajustarse a los objetivos en la pandemia y que los demás corresponden a servicios necesarios para las cárceles.
