Fue ilegal el acuerdo en el que el gobierno y las fabricantes de las vacunas intentaron negar el derecho de los colombianos a saber cómo se habían negociado las dosis. La información revela que aquí se pagó 54% más por las de AstraZéneca y 44% más que el promedio por la de Pfizer.
La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dice que ese tipo de cláusulas de confidencialidad no son aplicables a contratos suscritos con fondos públicos.
