Con la excusa de acatar un fallo interamericano que le prohíbe al procurador colombiano destituir a sus propios electores, el Congreso tramita un proyecto que determina la forma en que el ministerio público podría despojarlos de sus propias investiduras.
El fallo se produjo en el examen de la irregular destitución de Alejandro Ordóñez a Gustavo Petro, quien ahora se considera revictimizado por el proyecto que la oposición califica como otra jugadita del partido de gobierno esta vez con la procuradora Margarita Cabello.
