Las decisiones de la Procuraduría sancionando a funcionarios elegidos por voto popular están tambaleando desde que el Consejo de Estado anuló de ese mismo tribunal, destituyendo al congresista que borracho intentó sobornar a un policía.
Aunque en el Consejo de Estado cada caso se resuelve según los argumentos de su reclamo, esta sentencia marca una línea de acuerdo con la jurisprudencia interamericana reiterando que la Procuraduría, ni antes ni ahora, tiene facultades sancionatorias sobre funcionarios electos popularmente.
