El estatus de gestor de paz que obtuvieron 18 criminales de lesa humanidad lejos de significar una orden de olvido a sus deudas con las víctimas, implica que cada uno de ellos tendrá que confesar la información completa de los bienes que no han podido ser extinguidos y entregar éstos efectivamente a sus víctimas.
La directora de la Unidad de Víctimas asegura que se trata es del final del pacto de silencio que le ha impedido a la justicia ubicar sus bienes ocultos, pues tendrán que delatar a sus propios testaferros.
