La controvertida suspensión de una parte de la ley de garantías electorales que cambia las reglas de juego a seis meses de las votaciones generales sería inconstitucional a juicio de los expertos.
Esa suspensión que permitiría que los alcaldes y gobernadores hagan contratos en los meses anteriores a las elecciones ha sido calificado como un incentivo para la corrupción durante las elecciones. Hasta los empresarios han dicho que no es conveniente.
