Adoptando sugerencia de transparencia de la OCDE el gobierno expidió un decreto definiendo a los funcionarios políticamente expuestos que deberían, entre otras, hacer pública sus declaraciones de renta e intereses, pero en el proyecto de ley que así lo ordenaba, se quedaron por fuera los generales.
En el proyecto de ley que desarrolla la iniciativa también se omitió incluir, entre otros, al fiscal y al vicefiscal, a los viceministros y directores de departamento administrativo, pero no a sus jefes.
