El gobierno sostiene que el traslado de sus contratistas a la nómina oficial no tendrá impacto en el gasto público, pues le evitaría al Estado por lo menos doce mil demandas que hoy están en curso…
Estos son los que la justicia llama contratos realidad, en los que se les paga como contratistas, pero trabajan como empleados de nómina, por los que se puede demandar el pago de prestaciones aunque ya no se tenga vínculo alguno.
