Los oficiales en retiro del Ejército Nacional a quienes migración de Estados Unidos les negó el acceso a ese país son los responsables judiciales de 123 ejecuciones extrajudiciales de las conocidas como falsos positivos y un general que en 1985 escogía qué rehenes liberados del Palacio de Justicia debían ser interrogados, con tortura, en barracas militares.