Según la CIDH, en 2023 ocurrieron 126 asesinatos de defensores de derechos humanos, 105 ocurrieron en Colombia que, a pesar del proceso de paz, sigue siendo la mayor preocupación de oenegés y organismos multilaterales. Entre 2022 y 2024 la cifra nacional de la organización Somos Defensores ha sido de 426 defensores asesinados.
Además de la eliminación de defensores por parte de bandas postguerrilleras, dos fenómenos alertan a la comunidad internacional: los desplazamientos y los confinamientos. A mitad del año pasado se tenían documentadas 121.659 personas expulsadas de sus hogares por criminales, la mayor parte en Nariño, Cauca y Chocó. Pero aún más dramático son los confinamientos que, sólo en Chocó, produjeron 19.217 casos, le sigue Antioquia con 11.298 y Putumayo con 10.624.
Pero las víctimas de mayor preocupación son los niños, aunque el miedo y la lejanía provocan un subregistro se documentó el rapto de 142 menores para enseñarles a asesinar, extorsionar, fabricar drogas y torturar en organizaciones criminales.
La defensa de los derechos humanos en Colombia es el trabajo de mayor riesgo, la mayoría no tiene esquemas de seguridad, se enfrenta a los testaferros de paramilitares y organizaciones postguerrilleras que pretenden impunidad para sus crímenes y preservar la tierra de la que despojaron a los campesinos. Esta es la historia particular de la defensora Rosario Montoya, pero su historia se multiplica por miles en el país.
