Antes de que se conozcan los resultados de las investigaciones de la Policía por la muerte de 21 manifestantes en este año, el gobierno radicó un proyecto de ley que impone duras penas a quienes protesten, hasta con doce años de cárcel.
Según la visión de expertos sobre este proyecto, lo que éste pretende es crear un miedo a la protesta mediante la imposición de castigos a quienes tengan ideas diferentes a las del gobierno.
