En vez de eliminar los cargos que tenían qué podrían inhabilitar a candidatos, sin estar investidos de autoridad judicial, la Procuraduría optó por aumentar su nómina, en época electoral, con mil doscientos cargos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a Colombia adecuarse a los estándares y calificó la reforma como un incumplimiento de la sentencia por parte del gobierno y la Procuraduría.
