La ponencia que ordena investigar a Gustavo Petro por haber recibido aportes por 365 mil pesos de funcionarios públicos para su campaña, no fue propiamente estudiada por los magistrados que la aprobaron, sino que hacía parte de un paquete que se aprobó, con números y no con nombres.
El magistrado Luis Guillermo Pérez y otros dos que hablaron con Noticias Uno, dicen que se sienten asaltados en su buena fe, pero el ponente insiste en que, más allá del monto, funcionarios aportaron a su campaña y eso está prohibido.
